El cambio permitiría dar a la Generalitat la potestad sancionadora en las infracciones “muy graves” con multas desde 5.000 a 150.000 euros y posibilidad de inhabilitar al profesional sancionado hasta cinco años.
Trabajar sin el título profesional adecuado, hacerlo en medio de una inhabilitación laboral o con una declaración de conflicto de intereses podrían ser algunos de los casos cuya sanción dejaría de estar en manos de los colegios profesionales para que su control recaiga en la Administración autonómica.